Amnistía Internacional (AI) informó en un comunicado que la decisión que ha tomado la Fiscalía de archivar la investigación que se seguía sobre las esterilizaciones forzadas registradas durante el mandato del expresidente Alberto Fujimori "perpetúa la impunidad" en el país.
"Amnistía Internacional condena la decisión del Ministerio Público de Perú de archivar la investigación por la esterilización forzada de 4.172 mujeres peruanas, cometidas durante la década de 1990", señaló el organismo.
Añadió que esta decisión se tomó en aplicación de la Ley 32107, aprobada en 2024, "que permite la prescripción de crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad cometidos antes del 1 de julio de 2002".
"Archivar una investigación que la propia Fiscalía reconoce que involucra crímenes de lesa humanidad es una afrenta contra las víctimas que llevan casi 30 años esperando justicia. El Estado peruano no puede utilizar una ley contraria al derecho internacional para cerrar el camino a la verdad, la justicia y la reparación", señaló la directora para las Américas de Amnistía, Ana Piquer.
La representante agregó que "esta decisión debe revertirse y la Ley 32107 debe ser derogada, para impedir que siga siendo utilizada como una herramienta de impunidad".
Por su parte, la directora de Amnistía Internacional Perú, Jennie Dador, indicó que "el Estado peruano debe poner a las víctimas en el centro y garantizar que todas las personas responsables rindan cuentas".
Dador anunció que las organizaciones de la sociedad civil buscarán "todos los caminos para garantizar que las autoridades cumplan con su deber de escuchar a las víctimas y garantizar su derecho a acceder a justicia".
Caso esterilizaciones forzadas
La semana pasada, la Fiscalía archivó la investigación que seguía sobre las esterilizaciones forzadas, que tuvo entre sus imputados al expresidente Fujimori, hasta que falleció en 2024, y a varios exministros de Salud, entre ellos el actual senador fujimorista Alejandro Aguinaga.
El fiscal del caso remarcó, sin embargo, que ordenó el archivo de la investigación en contra de su voluntad, para cumplir con la Ley 32107, que señala que no se pueden calificar como delitos de lesa humanidad aquellos hechos cometidos antes de 2002, cuando Perú adoptó el Estatuto de Roma.
